Desde los intereses diversos de actores nacionales e internacionales preocupados por conocer la situación actual y las proyecciones futuras de las finanzas para el desarrollo —como medio para llevar a la acción las buenas intenciones que están detrás de la filosofía de la inclusión financiera (IF)— resulta importante conocer cómo ha ido evolucionando la institucionalidad que da  soporte al avance de la inclusión financiera en el Ecuador; la cual, desde la base estratégica para facilitar el paso de la teoría a la acción a la IF, en la actualidad, está respaldada por dos estrategias nacionales: la de inclusión y la de educación financiera que, por la competencias para la elaboración y ejecución, recae en la Junta de Política y Regulación Financiera que, para finales de 2025 —de acuerdo con la Ley de Integridad Pública aprobada en junio de 2025—, se estaría fusionando con la Junta de Política y Regulación Monetaria y, así, la institucionalidad concentradora del impulso, desde el Estado, de la inclusión financiera quedaría en manos de una sola Junta que, desde lo normativo, incluiría  lo financiero y lo monetario. 

La inclusión financiera se ha consolidado como un pilar fundamental para promover el desarrollo económico, pues la misma contribuye de forma significativa al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, aporta de forma directa al impulso de las actividades económicas, mejora las condiciones de vida de la población, reduce los niveles de desigualdad social y genera el empoderamiento y la promoción de las personas.