En medio del bullicio de una gran ciudad, un vendedor ambulante acaba de realizar una transferencia instantánea desde su celular. A cientos de kilómetros, en una comunidad rural, un microempresario recibe por primera vez un pago digital. Dos escenas cotidianas, aparentemente simples, pero que reflejan un cambio profundo: el avance de la inclusión financiera. En ambos casos, el sector privado no sólo impulsa la innovación, sino que también está transformando vidas y redefiniendo la manera de hacer negocios.
Hablar de inclusión financiera va más allá de simplemente acceder a servicios bancarios. Se trata de derribar barreras económicas, facilitar el acceso a herramientas financieras modernas y garantizar que personas y microempresas, sin importar su ubicación o condición, puedan participar plenamente en la economía.
La inclusión financiera se reconoce como un pilar fundamental para el desarrollo económico sostenible, la reducción de la pobreza y la promoción de la equidad. Facilitar que personas y empresas, especialmente aquellas más vulnerables, accedan a servicios financieros formales como cuentas de ahorro, créditos, seguros o pagos digitales es avanzar hacia una verdadera inclusión.
Dado su impacto social, la inclusión financiera es también un asunto de interés público. Los gobiernos han orientado sus esfuerzos hacia el diseño de marcos normativos y políticas que la promueven. No obstante, sin la participación activa del sector privado, esta tarea sería difícilmente alcanzable. En este escenario, el sector privado desempeña un papel fundamental que va más allá del enfoque bancario tradicional. Hoy, el ecosistema financiero está conformado por una amplia variedad de actores: instituciones microfinancieras, cooperativas de ahorro y crédito, fintechs, empresas de telecomunicaciones, entre otros; que aportan de manera significativa a la expansión del acceso a servicios financieros.
Por ejemplo, las microfinancieras han demostrado que es posible atender de forma sostenible y rentable a pequeños emprendedores y trabajadores informales. Gracias a su cercanía con los clientes, comprenden mejor sus negocios y conocen su capacidad de pago, lo que les permite diseñar productos financieros de acuerdo con sus necesidades.
De manera similar, las fintechs han tenido un impacto notable al facilitar pagos y transferencias a través de billeteras digitales, muchas veces desarrolladas en alianza con operadores móviles. Esto ha permitido el acceso a servicios financieros desde el celular, incluso en zonas sin presencia de instituciones financieras. Además, muchas de estas empresas han creado mecanismos ágiles para evaluar y otorgar financiamiento usando información pública, lo que acelera y facilita el otorgamiento de los créditos.
Según el Benchmark Social de MicroRate, al cierre de junio de 2024, el monto promedio de los créditos otorgados por las entidades financieras no bancarias fue de apenas USD 1,625, lo que equivale al 27.8% del ingreso per cápita en sus respectivos países. Esto refleja que, en la región, los montos promedio de los préstamos representan cerca de una cuarta parte del ingreso anual, lo que confirma que se trata de créditos de bajo monto, típicos de un enfoque inclusivo. Además, el 41.5% de estos préstamos se destinaron a zonas rurales, donde la oferta de servicios financieros suele ser más limitada, lo que evidencia un esfuerzo por atender segmentos tradicionalmente excluidos.
Entre las instituciones que ofrecen servicios no financieros, la oferta promedio abarca unos tres servicios por entidad. Los más comunes incluyen talleres de educación financiera, capacitaciones empresariales, programas de salud y bienestar, cursos de empoderamiento, entre otros. Estos servicios complementan la oferta crediticia con el desarrollo de habilidades blandas y competencias personales, aportando un mayor valor agregado a los negocios de los clientes.
No obstante, no todo es positivo. En algunos casos, la búsqueda de rentabilidad ha dado lugar a prácticas comerciales cuestionables, que han provocado el sobreendeudamiento de los clientes y la oferta de productos poco adecuados a sus necesidades, resultando finalmente en su exclusión del sistema financiero. Esto demuestra que el crecimiento del sector privado en este ámbito debe estar acompañado de un compromiso firme con la responsabilidad social y una regulación clara que proteja a los usuarios, fomentando un desarrollo sostenible y saludable del sector.
Además, la tecnología no es una solución por sí misma. En la región aún persisten desafíos significativos relacionados con el acceso y uso de las tecnologías —lo que se conoce como “brecha digital”—, la baja educación financiera e incluso la desconfianza hacia lo digital. Por ello, los servicios no financieros se han convertido en una parte fundamental de la oferta, pues contribuyen a superar estas barreras y facilitan una inclusión más efectiva.
En definitiva, la inclusión financiera se consolida como un pilar esencial para el desarrollo económico y la equidad social, al permitir que personas y microempresas accedan a servicios financieros formales. La articulación entre el sector privado y un marco regulatorio sólido será clave para ampliar la cobertura y la calidad de estos servicios. Asimismo, para garantizar un progreso sostenible, es fundamental un compromiso social auténtico y la implementación de estrategias que reduzcan la brecha digital y fortalezcan la educación financiera. Sólo así podremos construir un sistema financiero verdaderamente inclusivo y accesible para todos.
Foto: MicroRate y Freepik.es