La inclusión financiera es un pilar esencial para el desarrollo económico y social. Al ser un concepto de carácter multidimensional que incorpora el acceso, el uso y la calidad de los productos y servicios financieros, así como su impacto en el bienestar financiero de personas, familias y empresas, es clave que los países creen una institucionalidad mediante estrategias adaptadas a las realidades locales, sostenibles en el tiempo y respaldadas por políticas públicas sólidas.
A continuación se explora cómo las políticas nacionales de inclusión financiera en Colombia y Perú han sentado bases sólidas para avanzar hacia modelos sostenibles e integrales, y ofrece lecciones relevantes para el fortalecimiento de esfuerzos similares en Ecuador.
Colombia: Institucionalización mediante una estrategia multisectorial
En 2014, Colombia lanzó su Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), y en 2022, la renovó bajo el nombre de Política Nacional de Inclusión y Educación Económica y Financiera (PNIEEF). Esta política fue construida con un enfoque multisectorial, liderado por el Ministerio de Hacienda, la Dirección Nacional de Planeación y el programa gubernamental de inclusión financiera, Banca de las Oportunidades, entre otras entidades.
Los siguientes han sido los aspectos clave en su implementación:
1. Enfoque de ciclo de vida: La política reconoce las diferentes necesidades financieras en distintas etapas del ciclo vital (niñez, juventud, adultez, vejez) y propone productos y servicios adecuados a cada etapa.
2. Dimensión de género: Se incorpora transversalmente el enfoque de género, reconociendo las brechas que enfrentan las mujeres en el acceso a productos financieros y proponiendo mecanismos específicos para cerrar esas brechas.
3. Educación económica y financiera: Se articula con el sistema educativo y laboral para fomentar capacidades desde la escuela hasta la vida adulta, en contextos urbanos y rurales.
Algunos de los principales resultados son:
1. La proporción de adultos con al menos un producto financiero formal ha superado el 90%, aunque persisten brechas en zonas rurales.
2. Se han desarrollado herramientas de medición de la inclusión financiera desde la oferta y la demanda, que permiten monitorear avances y ajustar intervenciones.
Perú: Gobernanza institucional y foco en poblaciones vulnerables
Perú adoptó en 2015 su Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF), y en 2021 presentó una versión renovada con horizonte al 2030, incorporando los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los principios de digitalización, innovación y equidad.
Los siguientes han sido los aspectos clave en su implementación:
1. Enfoque territorial y poblacional: La PNIF prioriza intervenciones en zonas rurales y comunidades indígenas, reconociendo las barreras estructurales que enfrentan.
2. Gobernanza efectiva: Se creó la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera, presidida por el Ministerio de Economía y Finanzas, que reúne a entidades públicas, privadas y de cooperación internacional para dar seguimiento a los avances.
3. Infraestructura y tecnología: Se promueven ecosistemas de pagos digitales interoperables, especialmente a través del programa Dinero Electrónico, impulsado por entidades como la Asociación de Bancos del Perú y el Banco Central de Reserva del Perú.
4. Incorporación en el currículo escolar de la educación financiera mediante una alianza entre el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Bancos, Seguro y AFP.
Algunos de los principales resultados son:
1. En 2022, más del 60% de adultos ya tenían una cuenta de ahorro formal, y el uso de medios digitales para pagos ha crecido aceleradamente.
2. Se ha fortalecido el enfoque en micro y pequeñas empresas (mypes), facilitando el acceso a financiamiento productivo.
Las experiencias de Perú y Colombia permiten extraer algunas lecciones para el caso ecuatoriano. Ecuador ha avanzado con su propia Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2023–2027, construida con participación multisectorial y con énfasis en equidad territorial, innovación y sostenibilidad. Sin embargo, las experiencias de Colombia y Perú ofrecen valiosas lecciones que pueden fortalecer su implementación:
1. Asegurar una gobernanza sólida y multisectorial: la institucionalización exige liderazgo político de alto nivel, coordinación entre entidades públicas y compromiso del sector financiero. Las comisiones interinstitucionales han sido clave para articular esfuerzos en Colombia y Perú.
2. Incluir un enfoque de ciclo de vida y género: las necesidades financieras cambian con el tiempo y varían por género. Diseñar políticas con esta perspectiva permite una oferta más pertinente y equitativa. También es importante priorizar otros segmentos: comunidades rurales, indígenas y migrantes.
3. Medir capacidades y resultados, no solo cobertura: no basta con tener acceso a un producto financiero; lo importante es saber usarlo eficazmente. Incluir métricas sobre uso, bienestar financiero y capacidades permite una evaluación a profundidad.
4. Fortalecer la educación financiera desde la escuela: tanto Colombia como Perú han integrado la educación financiera en el currículo escolar, una práctica que Ecuador podría escalar para lograr impactos sostenibles.
5. Aprovechar la digitalización con inclusión: los avances en tecnología financiera deben ir acompañados de alfabetización digital y diseño centrado en el usuario, especialmente en poblaciones rurales y de bajos ingresos.
La institucionalización de la inclusión financiera no es solo un objetivo técnico, sino una expresión concreta del compromiso con un desarrollo más justo y sostenible. Colombia y Perú han mostrado que una política pública bien diseñada, con liderazgo político y mecanismos de gobernanza eficaces, puede generar transformaciones duraderas. Ecuador tiene hoy la oportunidad de consolidar su proceso mediante la adaptación de estas buenas prácticas a su realidad local, promoviendo una inclusión financiera que tenga impacto en el bienestar financiero de la población.
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