La inclusión financiera es un concepto que ha sido abordado desde varias perspectivas. En algunos casos, se focaliza en la oferta de servicios financieros en distintas áreas geográficas, niveles de ingreso y otras variables intrínsecas de la población, con énfasis en los sectores socioeconómicamente más vulnerables. En enfoques más amplios, esta temática se ha tratado desde múltiples dimensiones, tal como lo plantean Pavón (2016), el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF (2020) y la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo – RFD (2024).
De acuerdo con Pavón (2016), la inclusión financiera se define como el acceso fácil, constante y generalizado a servicios financieros adecuados y asequibles, en un entorno competitivo y transparente, incluyendo educación financiera, de tal forma que incentive la mejora del bienestar y estabilidad del sistema. A partir de esta definición, la autora determina tres dimensiones básicas: acceso, uso y contexto. La primera dimensión está vinculada con la presencia física o virtual del sistema financiero (canales); la segunda, a las características o determinantes de la utilización de los distintos canales financieros, que incluyen falta de alfabetización tecnológica, educación financiera, precio, confianza en las instituciones, entre otros. Finalmente, el tercer aspecto se refiere al “grado de competencia del sector, su supervisión, así como las políticas de protección al usuario” (Pavón, 2016, 19).
Al comparar las dimensiones sugeridas por Pavón con aquellas de CAF (2020), se identifican coincidencias en acceso, uso y contexto (este último llamado “bienestar financiero” por CAF); sin embargo, CAF (2020) añade una cuarta dimensión: calidad, la cual muestra el grado de satisfacción de los clientes con los servicios ofrecidos en el mercado.
Por su parte, aunque la RFD identifica siete dimensiones fundamentales de la inclusión financiera, todas ellas pueden considerarse una sistematización de las propuestas antes descritas. Cabe destacar que, la Red aborda el concepto de “bienestar financiero” desde la perspectiva del usuario y enfatiza la protección del público objetivo, así como la regulación que establece las pautas para las operaciones vinculadas con la inclusión dentro del sistema financiero.
Una vez analizadas la definición y determinantes de la inclusión financiera como concepto de estabilidad socioeconómica de poblaciones financieramente vulnerables, se procede al análisis del rol del Estado. Según Mariño et al. (2014), existen ciertas barreras a la inclusión financiera, algunas de las cuales pueden ser abordadas desde la gestión estatal, por ejemplo, las asimetrías de información en el perfil de los beneficiarios y la carga regulatoria excesiva.
En cuanto a las asimetrías de información en los beneficiarios de procesos de inclusión financiera, es importante considerar como punto de partida la informalidad en la economía ecuatoriana. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC (2025), en abril de 2025, 54,1% de la población se encontraba en el sector informal. Asimismo, tanto Abuelafia et al. (2023) como de la Cruz et al. (2020) destacan el carácter informal del sector empresarial en la región andina, especialmente en las empresas de menor tamaño. Estas afirmaciones coinciden con los resultados del estudio de Mejía et al. (2023), donde se afirma que, entre 2001 y 2020, aproximadamente un tercio del PIB nacional fue generado por la economía informal.
Los datos presentados muestran la dificultad inicial que enfrentan las organizaciones estatales para implementar políticas efectivas de inclusión financiera, así como la necesidad de generar procesos y estrategias enfocadas en la formalización del mercado laboral. La alta informalidad en trabajadores y empresas dificulta la identificación precisa de las características socioeconómicas de los potenciales beneficiarios, lo que podría derivar en procesos de selección adversa si dichas políticas se aplican sin contar con información adecuada.
En cuanto a la mayor carga regulatoria, se podrían optimizar los procesos de inclusión financiera revisando aquellas normativas y acciones que han limitado el campo de operación de algunas organizaciones de menor tamaño y con mayor vulnerabilidad de mercado -como, por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito (COAC) de segmentos 4 y 5-. El objetivo es lograr un equilibrio entre sostenibilidad financiera del sector y atención a grupos poblacionales que, por lo general, no son atendidos por bancos ni COAC de mayor tamaño. En este sentido, sería importante que las entidades de control y supervisión, especialmente las del sector financiero popular y solidario, evalúen los efectos de los procesos de liquidación y absorción, así como el requerimiento mínimo de capital sobre la provisión de servicios a personas con mayores dificultades para acceder a productos financieros formales.
Además de los temas mencionados, se pueden identificar dos aspectos que podrían fortalecer el rol del Estado en los procesos de mejora de la inclusión financiera en el Ecuador: i) el impulso a la implementación de tecnologías crediticias y de ahorro diseñadas específicamente para grupos vulnerables; ii) fortalecimiento de procesos de educación financiera.
En el primer caso, el Estado, a través de sus distintos organismos, debería identificar tanto las necesidades de financiamiento como las debilidades en el ahorro de poblaciones económicamente vulnerables que, además, se encuentran excluidas de procesos financieros formales. A partir de esta línea base, corresponde desarrollar un proceso de identificación de potenciales oferentes y de tecnologías de ahorro y crédito adecuadas para la población objetivo, así como la creación de mecanismos para la asignación de recursos. Estos mecanismos podrían incluir la participación de organizaciones de segundo piso, fondos concursables o el otorgamiento directo de recursos por parte de entidades públicas de primer piso, entre otras alternativas. En este sentido, un punto de partida podría ser el análisis de los mecanismos implementados por la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS).
En el ámbito de educación financiera, el Estado, mediante sus organismos de control, ha establecido normativas que regulan las características de iniciativas y programas ejecutados por bancos y COAC. En el sector bancario existe la Resolución No. SB-2023-2637, mientras que, para el sector financiero popular y solidario, se aplica la Resolución No. SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INGINT-2024-0172. Adicionalmente, la Estrategia Nacional de Educación Financiera, formalizada mediante el Acuerdo Interinstitucional No. MINEDUC-CESSENESCYT-2023-001, constituye una hoja de ruta articulada que podría guiar las acciones del Estado en esta materia.
Finalmente, más allá de acciones específicas sobre las distintas dimensiones que conforman el concepto de inclusión financiera, resulta indispensable la formulación de una política articulada que, de manera ordenada y considerando la heterogeneidad del sistema financiero ecuatoriano, impulse un proceso integral de inclusión. Este proceso no solo debe enfocarse en mejorar los indicadores generales de acceso, sino también en responder efectivamente las necesidades financieras de aquellas personas cuyos requerimientos no son cubiertos por la oferta actual de productos y servicios. En este contexto, se resalta la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, impulsada por la Junta de Política y Regulación Financiera mediante Resolución No. JPRF-P-2023-080, como un avance significativo hacia una agenda nacional de inclusión financiera.
Bibliografía
Abuelafia, E., Andrian, L. G., Beverinotti, J., Castilleja Vargas, L., Díaz, L. M., García, P. M., Gutiérrez Juárez, P., Maldonado, L., Manzano, O., Moreno, K., Navajas, F., & Saboin, J. L. 2023. Nuevos horizontes de transformación productiva en la Región Andina. https://doi.org/10.18235/0004691
Banco de Desarrollo de América Latina - CAF. 2020. Hacia una mayor inclusión financiera en América Latina. Caracas: CAF. Disponible en: https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1642
De la Cruz, R., Manzano, O., & Loterszpil, M. 2020. Cómo acelerar el crecimiento económico y fortalecer la clase media: América Latina. https://doi.org/10.18235/0002363
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC. 2025. Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Indicadores laborales. Abril, 2025. Disponible en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2025/Abril_2025/2025_04_Mercado_Laboral.pdf
Mariño, M., Solano, R. A., Guerrero, R., Mora, A., & Pérez, X. 2014. Ecuador: cooperativas de ahorro y crédito e inclusión financiera. Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa Internacional.
Mejía, M., Mejía, L., Mejía, M., & Lara Haro, D. 2023. ¿Es Ecuador una economía informal? Aproximación al tamaño del sector informal ecuatoriano desde la perspectiva del análisis multivariado. Revista Cuestiones Económicas. Volumen 33, N.º 2.
Pavón, L. 2016. Inclusión financiera de las pymes en el Ecuador y México. Serie Financiamiento para el desarrollo - CEPAL.
Red de Instituciones Financieras de Desarrollo – RFD. 2024. La inclusión financiera en el Ecuador: avances 2023. Disponible en: https://www.rfd.org.ec/docs/libros_rfd/la_inclusion_financiera_en_el_ecuador_2023.pdf
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