¿Cómo se asegura la institucionalidad de la inclusión financiera en el Ecuador?

Enfoque
¿Cómo se asegura la institucionalidad de la inclusión financiera en el Ecuador?

La inclusión financiera, como el proceso a través del cual las personas más vulnerables de la sociedad pueden acceder a productos y servicios financieros y darles un uso de calidad, genera oportunidades para mejorar la condición económica y social de la población, lo cual se traduce en la reducción de la pobreza y la desigualdad.

En Ecuador, el Código Orgánico Monetario y Financiero establece que la Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF) tiene la responsabilidad de formular políticas y expedir regulaciones que fomenten y promuevan los procesos de inclusión financiera y el pleno ejercicio de los derechos de los usuarios financieros.

En cumplimiento de estas funciones, en septiembre de 2023, la JPRF expidió la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF), cuya finalidad es promover, a nivel nacional, la inclusión financiera de los grupos vulnerables como jóvenes, mujeres, migrantes y poblaciones rurales, alineada a las dimensiones de acceso y uso frecuente de productos y servicios financieros formales y de calidad, así como a la educación financiera.

Esta política definió, para la inclusión financiera, una forma de gobierno interinstitucional en la que participen las entidades vinculadas, con el objetivo de fomentar la inclusión a través de la participación, el diálogo y la cooperación con organismos nacionales e internacionales especializados en el tema, articulando una construcción conjunta que busca el intercambio de información y motiva la realización de estudios que orienten las reformas normativas.

La PNIF definida por la Junta estableció, como su primer instrumento de gestión, una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera para el período 2023–2027, la cual define las áreas de intervención que se consideraron convenientes y necesarias para impulsar la institucionalización de la PNIF, con base en el diagnóstico correspondiente; entre ellas la creación de puntos de acceso y canales, la oferta de productos y servicios financieros digitales, el financiamiento a las micro, pequeñas o medianas empresas (mipymes), la infraestructura de crédito, la protección al usuario financiero y la educación financiera. Cada una de estas áreas de intervención tiene sus objetivos estratégicos y específicos, claramente establecidos con la intención de delinear acciones concretas que conduzcan al objetivo de impulsar la inclusión financiera y el uso de las finanzas en las actividades económicas y productivas que beneficien a las personas, reduciendo las posibilidades de vulnerabilidad económica o social y contribuyendo al crecimiento económico.

El propósito de la JPRF al emitir la PNIF fue crear un marco normativo robusto para institucionalizar la inclusión financiera a través de la ejecución de la ENIF que busca promover y articular acciones entre reguladores, supervisores, ministerios encargados de las políticas transversales a la inclusión y educación financiera e instituciones privadas para avanzar en reformas y esfuerzos para que la administración de las finanzas, con conocimiento, constituyan un instrumento para que los grupos de atención prioritaria alcancen una inclusión económica y social que contribuya al desarrollo de sus habilidades y conocimiento para la toma de decisiones informadas que generen bienestar económico en sus hogares, emprendimientos y familias de los grupos de especial atención.

Con base en este marco regulatorio, las distintas instituciones han ejecutado acciones y cumplido hitos con los que han apoyado a la inclusión financiera. Así, por ejemplo, la JPRF ha emitido varias resoluciones tendientes a favorecer la oferta de productos y servicios que favorecen la inclusión. Por ejemplo, en el 2023 emitió la Norma que regula a las Entidades de Servicios Financieros Tecnológicos, de manera particular, lo concerniente a las Entidades de Concesión Digital de Créditos; reformó la Norma para abrir Cuentas Básicas en las entidades financieras de los sectores financieros público, privado y popular y solidario, lo cual ha permitido a varias personas acceder al sistema financiero. En 2024 emitió la Norma para Microseguros que delineó un marco regulatorio para promover la protección de la población cuyos ingresos mensuales son iguales o menores que un salario básico unificado y que se encuentran por sobre la línea de pobreza definida por el INEC; reformó la Normativa para la promoción y contratación de Pólizas de Seguros y Planes de Atención Integral de Salud Prepagada a través de los canales alternos de distribución; y, en 2025, emitió la Norma para regular las entidades de Servicios Tecnológicos de Seguros.

Por su parte, la Junta de Política y Regulación Monetaria (JPRM) aprobó la norma de interoperabilidad que facilitará la liquidación y compensación de pagos, que consta entre las actividades que fomentarían la inclusión financiera, y también emitió la normativa relacionada con las Sociedades Especializadas de Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPES), entre otras. De su lado, el Ministerio de Educación con el Consejo de Educación Superior (CES) y la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología (Senescyt) emitieron la Estrategia Nacional de Educación Financiera para los educandos, lo que resultó en la incorporación de la materia de educación financiera en la malla curricular.

Para avanzar en el proceso de favorecer la inclusión financiera, la JPRF, apoyada por la asistencia técnica de la CAF y con el objetivo de monitorear el avance de la implementación de la inclusión financiera, está creando un sistema de monitoreo y evaluación que dará como resultado el impacto de la PNIF en el período analizado y servirá como instrumento de evaluación y reforma de la norma para llegar al objetivo. Adicionalmente, la Junta está en el proceso de construcción de una estrategia de comunicación que se enfocará en divulgar los productos y servicios inclusivos entre la población objetivo de la PNIF.

Por lo expuesto, la JPRF busca el fortalecimiento de la inclusión financiera, como un proceso continuo e interinstitucional, con el apoyo de entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, cuyo trabajo conjunto llevará al objetivo de alcanzar el bienestar financiero de la población ecuatoriana, a través de la educación e inclusión financiera de los grupos más vulnerables y de mejorar su calidad de vida en un ambiente de crecimiento económico sostenible.

Fotos: Junta de Política y Regulación Financiera.