Institucionalidad de soporte para el fortalecimiento de la inclusión financiera 

  Desde los intereses diversos de actores nacionales e internacionales preocupados por conocer la situación actual y las proyecciones futuras de las finanzas para el desarrollo —como medio para llevar a la acción las buenas intenciones que están detrás de la filosofía de la inclusión financiera (IF)— resulta importante conocer cómo ha ido evolucionando la institucionalidad que da  soporte al avance de la inclusión financiera en el Ecuador; la cual, desde la base estratégica para facilitar el paso de la teoría a la acción a la IF, en la actualidad, está respaldada por dos estrategias nacionales: la de inclusión y la de educación financiera que, por la competencias para la elaboración y ejecución, recae en la Junta de Política y Regulación Financiera que, para finales de 2025 —de acuerdo con la Ley de Integridad Pública aprobada en junio de 2025—, se estaría fusionando con la Junta de Política y Regulación Monetaria y, así, la institucionalidad concentradora del impulso, desde el Estado, de la inclusión financiera quedaría en manos de una sola Junta que, desde lo normativo, incluiría  lo financiero y lo monetario. 

Como se puede ver, en el caso del Ecuador, al disponer, bajo un enfoque de complementariedad filosófica y estratégica de esas dos estrategias, se estaría teniendo una base importante para que la inclusión financiera pueda pasar, de lo que dicen la Constitución, las leyes especializadas y las políticas públicas, a hechos reales visibilizados a través de programas y proyectos de acción directa. Eso, desde el pragmatismo de la gestión pública, es un avance que se debe reconocer.

Ahora, enfatizando —sobre ese deber ser esperado de la institucionalidad pro IF—, para que se generen los impactos deseados, es fundamental que, además de normas y políticas públicas, se asignen recursos que ayuden, de forma directa, a plasmar la filosofía de la inclusión en acciones que contribuyan a incorporar a todos esos seres humanos que, por diversas razones, han sido dejados a un lado, lamentablemente, por procesos de desarrollo socioeconómico en donde lo que ha predominado es el aparecimiento de brechas grandes entre las personas que más recursos tienen y las que casi no tienen nada.

De ahí la importancia de que la institucionalidad para el avance de la IF —pensando en su efectividad— debe, al unísono, ser eficaz, eficiente y, sobre todo, ética; siendo para ello necesario —como bien lo resalta Douglass North (Premio Nobel de Economía 1993, por todo su trabajo sobre el cambio institucional)— el predominio de la confianza que se activará, siempre y cuando se emitan señales positivas desde las acciones que llevan a cabo los actores involucrados en la operación de la institucionalidad pro IF.

Por esa razón, más que cambios normativos sorpresivos —como los ocurridos a través de elementos normativos  emergidos en espacios transitorios de leyes como la última denominada “Ley de Integridad Pública”—, es fundamental que se estimule a que, con la base institucional pública existente más el accionar de entes privados nacionales e internacionales, se conduzca la política pública —plasmada en las estrategias de inclusión y educación financiera— a la consolidación, dentro del Ecuador, de una sociedad más incluyente, gracias a lo que se pueda hacer, de forma integrada, desde el sector financiero. 

Para que funcione la institucionalidad de una nación, en este caso la relacionada a la IF, es fundamental que se cumplan tres requisitos básicos: conocer la institucionalidad creada; observar que los hechos que surgen de esa institucionalidad se cumplen de forma eficaz, eficiente y ética; y, con los dos anteriores, interactuando, se cree y se respete esa institucionalidad que, sobre los objetivos que motivaron su origen, deberá ir evolucionando de forma dinámica, creativa y adaptativa en el tiempo. 

Algo importante a resaltar es que, en la elaboración de estos medios estratégicos de la institucionalidad pro IF —estrategia de inclusión y educación financiera—, la RFD cumplió un rol activo motivado, principalmente, por la razón de ser expresada en su misión institucional que, en resumen, busca contribuir, a través de la oferta de servicios innovadores y de una incidencia proactiva, a que la IF sea un referente para llevar a la acción toda la filosofía que está detrás de las finanzas para el desarrollo.

Por último, lo que sí se debe es reconocer que, a pesar de la existencia de esas dos estrategias como referentes de la institucionalidad pro IF, el camino para hacer del Ecuador, desde el accionar financiero, un país más inclusivo todavía está largo de recorrer en medio de un conjunto de desafíos que se pueden resumir en los siguientes cuatro espacios de acción estratégica y de responsabilidad de multiactores:

• Promoción de un funcionamiento articulado entre las instituciones financieras reguladas por la Superintendencia de Bancos y las que están controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para, de esa forma, ir creando las bases del verdadero funcionamiento sistémico del sector financiero.    
   
• Atracción de recursos financieros y no financieros para que, en conjunto y de forma complementaria, permitan llevar a la acción la Estrategia de Inclusión y Educación Financiera; logrando, con ello, pasar de las buenas intenciones a impactos reales positivos en los usuarios de productos financieros.
   
• Fortalecimiento de los espacios colaborativos entre las redes y asociaciones para que, con su trabajo gremial sinérgico, logren incidir, de forma articulada, en el impacto real de la IF.
   
• Promoción de la armonía entre la normativa, políticas públicas y acciones que rigen el funcionamiento de las organizaciones que, con sus servicios financieros, buscan alinearse a las finanzas para el desarrollo y a todas las demás áreas de acción estratégica alrededor de las cuales opera el resto de instituciones financieras del Ecuador.   

Foto: Freepik.es