En el Ecuador, la inclusión financiera se ha consolidado como un pilar para el desarrollo, no únicamente como estrategia técnica para aumentar el acceso a servicios y productos financieros, sino como una vía concreta para mejorar las condiciones de vida de millones de personas que son parte de la Economía Popular y Solidaria (EPS), un espacio económico legítimo, cercano y con identidad propia.
Hablar de inclusión financiera en este sector es hablar de territorio, de asociatividad, de mujeres que lideran microemprendimientos, de jóvenes en busca de oportunidades y de comunidades que crean mecanismos propios para ahorrar, prestarse y crecer colectivamente. La inclusión financiera, entendida como el acceso y uso efectivo de productos y servicios financieros que sean adecuados, asequibles, responsables y sostenibles para todos los segmentos de la población —en especial para aquellos tradicionalmente excluidos— representa, en el contexto de la Economía Popular y Solidaria, un significado aún más amplio.
La inclusión financiera no se trata únicamente de abrir una cuenta, sino también de garantizar el bienestar individual y colectivo, con dignidad y autonomía, a través de educación financiera, innovación tecnológica pertinente, mecanismos para proteger a los usuarios de prácticas abusivas, y con una institucionalidad que no solo regule, sino que promueva y acompañe. Es allí donde emergen nuevos desafíos.
Uno de los retos centrales es garantizar que la expansión de productos financieros mantenga el enfoque solidario. Un crédito que no se ajuste a las necesidades del socio puede ahogar un emprendimiento en lugar de impulsarlo. En cambio, cuando las entidades priorizan conocer a su socio, adaptar sus condiciones a su realidad productiva y fortalecer sus capacidades, los resultados son sostenibles. La inclusión real ocurre cuando hay pertinencia, no solo presencia.
En este escenario, en lo que corresponde al Sector Financiero Popular y Solidario, las mujeres enfrentan barreras históricas que todavía deben ser superadas, entre ellas el acceso al crédito, puesto que en la colocación de crédito las mujeres representan el 44,8% frente al 55,2% de los hombres, con un saldo promedio de 8.249 USD frente al 9.393 USD de los hombres, a pesar de que las mujeres son mejores pagadoras.
Por otra parte, si bien muchas organizaciones del sector real de la EPS tienen una base mayoritariamente femenina, sus niveles de participación en espacios directivos aún son limitados. Es así que, a febrero de 2025, el 42,8% de los directivos del sector real de la EPS son mujeres, mientras que en las entidades del sector financiero popular y solidario el número asciende al 48,2%. El enfoque de género no se resuelve con productos exclusivos, sino con decisiones institucionales que garanticen la equidad en el acceso, el uso y el control de los recursos financieros. La inclusión financiera con enfoque de género no es una concesión: es un deber pendiente para cerrar brechas estructurales y potenciar capacidades muchas veces invisibilizadas.
En Ecuador, por ejemplo, según el FMI, en los últimos cuatro años (2019-2023), la creación de nuevas cuentas de ahorro para mujeres creció en un 63,2% en relación al 59,6% de los hombres. En contraste con realidades como la de Argentina, en la que el número de cuentas de ahorro creadas por mujeres crece al 51,8%; Chile al 36,2% y Colombia al 28,4%, Ecuador presenta excelentes cifras; sin embargo, existen retos latentes por trabajar.
En paralelo, la innovación financiera empieza a perfilarse como un camino para democratizar servicios y reducir costos operativos. En zonas donde instalar una agencia resulta inviable, la tecnología se vuelve una aliada clave. El desafío está en no replicar modelos urbanos o bancarios que no dialogan con las realidades rurales. Algunas cooperativas ya están apostando por billeteras móviles comunitarias, aplicativos con interfaz simplificada y plataformas de educación financiera accesibles, lo que evidencia que la transformación digital también puede tener rostro comunitario y solidario.
Por otro lado, la movilidad humana ha generado nuevas dinámicas sociales y económicas que no pueden quedar fuera del radar. Miles de personas refugiadas o migrantes hoy participan activamente en la economía del país, pero muchas enfrentan obstáculos para abrir una cuenta, acceder a un crédito o formalizar un negocio. La EPS, por su cercanía y flexibilidad, se convierte en un puente efectivo para la inclusión de estas poblaciones, dado que existe apertura normativa y voluntad institucional.
En paralelo, se suma la necesidad urgente de profundizar la educación financiera. No basta con ofrecer productos si las personas no comprenden sus implicaciones, si no saben cómo planificar su presupuesto o si no tienen herramientas para evitar el sobreendeudamiento. En esta línea, 193 entidades del sector financiero popular y solidario capacitaron a 806.594 personas durante el 2024. Sigue siendo importante que el sector invierta en procesos educativos permanentes, participativos y culturalmente pertinentes.
La sostenibilidad ambiental es otro eje que gana espacio dentro de la agenda de inclusión. Varios actores del sector empiezan a incorporar las finanzas verdes como parte de su portafolio, financiando prácticas agroecológicas, sistemas de riego eficientes y energías limpias. Este enfoque no solo aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que permite a las organizaciones y entidades diferenciarse en un mercado cada vez más exigente. Las finanzas sostenibles, cuando se vinculan al territorio, se convierten en motor de transformación productiva y ambiental.
Frente a estos desafíos, se requiere un marco normativo que incentive la innovación responsable y que promueva alianzas estratégicas con actores públicos, privados y comunitarios. En este contexto, el Hub de Innovación Financiera EPS constituye una oportunidad clave para fomentar soluciones tecnológicas orientadas a la inclusión, facilitando el acceso de nuevos modelos de negocio que respondan a las realidades del país.
Este tipo de iniciativas resulta especialmente relevante para la Economía Popular y Solidaria, ya que permite avanzar hacia la interoperabilidad entre canales e impulsar el desarrollo de herramientas digitales coherentes con la lógica solidaria.
La inclusión financiera en la EPS no debe reducirse a un simple indicador numérico, sino entenderse como un proceso integral capaz de transformar vidas, territorios y estructuras. Solo entonces podremos hablar de una inclusión que no excluye, de una economía que no margina y de un país que reconoce en sus organizaciones y entidades populares y solidarias una alternativa real de desarrollo.
Fotos: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.