La inclusión financiera se ha consolidado como un pilar fundamental para promover el desarrollo económico, pues la misma contribuye de forma significativa al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, aporta de forma directa al impulso de las actividades económicas, mejora las condiciones de vida de la población, reduce los niveles de desigualdad social y genera el empoderamiento y la promoción de las personas.
Sin embargo, para visualizar estos resultados de forma tangible, se quiere que la inclusión financiera sea sostenible en el tiempo. Para ello, lograr una institucionalidad implementada y fortalecida es fundamental, porque esta garantiza que los esfuerzos por ampliar el acceso y uso de productos y servicios financieros hacia la población -principalmente aquella más vulnerable- sean coherentes, equitativos y perduren en el tiempo. Sin una base institucional sólida, las iniciativas pueden ser desarticuladas, transitorias, ineficaces o incluso perjudiciales para los usuarios.
Cuando hablamos de institucionalidad, nos referimos al conjunto de normas, procesos, actores y estructuras de gobernanza que regulan y ordenan el funcionamiento de una sociedad. Por tanto, en la inclusión financiera, este conjunto de normas, procesos y actores permite que la misma se desarrolle de manera ordenada, coordinada y sostenible, pues hace que sea viable una adecuada interacción entre actores públicos y privados, genera un marco normativo claro y adaptable y proporciona confianza en los usuarios, todo esto, con una visión a largo plazo.
Por tanto, un entorno institucional bien diseñado permite que las diversas instituciones que intervienen en el impulso y operativización de la inclusión financiera en el país -instituciones públicas, organismos de control y supervisión, bancos, cooperativas, Fintech- operen coordinadamente, con seguridad jurídica, fomentando la innovación y la expansión de productos y servicios hacia la población; fomenta la competencia sana y regula adecuadamente el fortalecimiento de las entidades que conforman el sector, así como el uso de tecnologías para expandir este acceso a productos y servicios financieros de bajo costo y mayor alcance.
Esta institucionalidad puede ser acogida y reflejarse en la adecuada adopción e implementación de estrategias nacionales de inclusión y educación financiera, ya que estos instrumentos o mecanismos permiten plasmar hojas de ruta concretas, con productos, entregables, responsables, recursos y tiempos de ejecución en un plazo determinado, guiando a los diferentes actores que forman parte de las mismas a estructurar acciones conjuntas para el cumplimiento de esos objetivos.
El que las estrategias de inclusión financiera cuenten con metas y planes de acción determinados con un horizonte temporal establecido contribuye significativamente a que las acciones y esfuerzos realizados no dependan únicamente de personas, posiciones políticas o cambios coyunturales, fortaleciendo así una institucionalidad sólida y sostenible en el tiempo.
Por último, los organismos de integración locales, como asociaciones, redes del sector financiero y del sector real, cámaras de comercio, consorcios de gobiernos locales o plataformas de desarrollo territorial, pueden jugar un papel muy relevante en el fortalecimiento de la institucionalidad de la inclusión financiera por su cercanía con la población y sus capacidades organizativas que les permiten generar impactos significativos. Es así que, la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo - RFD, participa permanentemente en impulsar estrategias a largo plazo que garanticen la promoción de la inclusión financiera en el país y el cumplimiento de la institucionalidad que garantice su fortalecimiento en el largo plazo.
De esta manera, la RFD contribuye a esta institucionalidad a través de la articulación de actores, el fomento de soluciones innovadoras, la coordinación entre autoridades, instituciones financieras, organizaciones comunitarias y sector privado, así como la canalización de demandas y propuestas de sus miembros y de la comunidad, promoviendo así un marco institucional participativo y sensible a las necesidades reales, que integra los esfuerzos de todos los niveles; por lo que su papel es clave para que la inclusión financiera sea real, sostenible y equitativa.
En función de lo expuesto, una institucionalidad sólida evita que los esfuerzos de inclusión financiera puedan ser dispersos, frágiles o ineficaces. La creación y fortalecimiento de marcos institucionales coherentes, participativos y orientados a resultados es esencial para garantizar que más personas accedan y usen servicios financieros de forma segura, útil y sostenible. Esto, a su vez, contribuye al desarrollo económico, la reducción de la pobreza y la equidad social.
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