La evolución de la inclusión financiera en Ecuador ha estado marcada por diversos cambios de orden económico, tecnológico y normativo, que se han presentado a lo largo de las últimas dos décadas, en donde el entorno normativo establecido por los órganos rectores y de regulación viene desempeñando un papel fundamental en la inclusión financiera de la base piramidal del país. En el caso de Ecuador, el marco legal ha tenido un impacto significativo para el desarrollo de la misma, manteniendo la visión de lograr economías más justas, aspirando a liberar barreras de acceso, referidas a la baja penetración bancaria, especialmente en zonas rurales; y el limitado acceso al crédito formal, predominio del efectivo, brechas suscitadas principalmente por causas tales como:
- La percepción de población de limitado acceso de que no requieren de productos financieros ofertados por instituciones especializadas en microfinanzas.
- La aversión por endeudarse, producto de la limitada educación financiera.
- Tiempo transcurrido desde la identificación del cliente, los requerimientos establecidos, la evaluación y otorgamiento del crédito solicitado.
- Su inexperiencia en acceder a las transacciones de orden digital.
El marco normativo en el país ha estado regido principalmente por el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF) e iniciativas como la Ley de Inclusión y la Regulación sobre corresponsales no bancarios: normativas sobre microfinanzas.
La inclusión financiera en Ecuador ha evolucionado significativamente, pasando de una situación de baja cobertura a un sistema más amplio y diverso; ubicándose en el rango medio de los niveles registrados en países de América Latina y el Caribe. En los últimos dos años, Ecuador ha implementado varias normativas clave para fortalecer la inclusión financiera, enfocándose en la accesibilidad, la educación financiera y la protección, teniendo avances claves en materia de: i) acceso geográfico y digital de las poblaciones objetivo; ii) regulaciones implementadas, que han permitido el desarrollo de canales alternativos, constituidos por las finanzas digitales; aplicaciones móviles y corresponsales no bancarios, lo que está permitiendo reducir las barreras de acceso, logrando una reducción de la brecha en áreas de intervención prioritaria como:
- Puntos de acceso y canales.
- Oferta de productos y servicios financieros digitales.
- Financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).
- Reducción de la brecha urbano-rural.
- Fomento al microcrédito y productos adaptados (para jóvenes, mujeres y emprendedores informales, migrantes).
- Protección al consumidor: El marco legal ha fortalecido la transparencia y la protección del usuario financiero, lo cual es clave para generar confianza.
La inclusión financiera en un contexto en donde la tasa del desempleo más la del subempleo se ubicó en 4.1% y la tasa de subempleo en 20.5% (2024), es donde adquiere especial relevancia el crédito para promover las actividades autónomas micro productivas de las personas componentes de la base piramidal del país, que constituyen de manera mayoritaria el mercado objetivo del Estado y del sector privado, constituido por las instituciones financieras especializadas en materia de microfinanzas en el país. Según la última información disponible, en Ecuador, las microempresas, que suelen contar entre 1 y 9 empleados, juegan un papel crucial en la economía, representando en el 2021 el 91.9% del total de unidades económicas activas en Ecuador.
Las micro, pequeñas y medianas empresas, que registran cerca de 99.5% de la población de unidades económicas en el país, constituyen agentes importantes en la economía interna, donde un acceso amplio a los servicios financieros formales ha sido reconocido como un factor que mejora las condiciones de desarrollo de las personas de menores ingresos y promotores de unidades económicas de menor envergadura, ampliando sus posibilidades de inversión en materia de educación, salud, consumo y emprendimientos.
En los últimos años, las estadísticas reflejan un progreso en la inclusión financiera en Ecuador, aunque aún existen desafíos, especialmente en áreas rurales y entre ciertos grupos de quintiles poblacionales.
Indicadores clave de inclusión financiera en Ecuador[1]
Acceso a servicios financieros
Puntos de atención:
En el cuarto trimestre de 2024, Ecuador registró 62,593 puntos de atención financiera, registrando un crecimiento de 6,762 puntos respecto al mismo periodo del año anterior.
Densidad de puntos de atención: Se alcanzaron 245 puntos de atención por cada 1.000 km² y 50 puntos por cada 10,000 habitantes adultos.
2. Uso de productos financieros
Clientes con productos financieros:
Al cuarto trimestre de 2024, 11.1 millones de adultos (88.5% de la población) disponían de algún producto financiero, como cuentas de ahorro, créditos o tarjetas de crédito.
Cuentas de uso frecuente:
9.8 millones de clientes (78.7% de la población adulta) tenían cuentas de uso frecuente.
Cuentas totales:
Se registraron 42.8 millones de cuentas, lo que equivale a 34,336 cuentas por cada 10,000 habitantes adultos.
3. Créditos vigentes
Clientes con créditos vigentes:
3.7 millones de adultos (29.9% de la población) tenían al menos un crédito vigente. Banco Central del Ecuador.
Número total de créditos:
Se contabilizaron 7.6 millones de créditos vigentes, lo que equivale a 6,142 créditos por cada 10,000 habitantes adultos.
4. Brecha de género
Hombres:
4.8 millones de hombres (38.5% de la población adulta) tenían productos financieros de uso frecuente.
Mujeres:
5 millones de mujeres (40.2% de la población adulta) tenían productos financieros de uso frecuente.
Brecha promedio:
La diferencia promedio entre hombres y mujeres en la tenencia de productos financieros de uso frecuente se ha mantenido constante en 1.3 puntos porcentuales desde 2019.
5. Empresas con productos financieros
Empresas registradas:
En el cuarto trimestre de 2024, 194.544 empresas contaban con algún tipo de producto financiero, incluyendo cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo, tarjetas de crédito y créditos vigentes.
A pesar de los avances en el entorno normativo, aún persisten desafíos estructurales y regulatorios que limitan un acceso más equitativo y sostenible; desafíos en donde tanto el sector público como el privado pueden lograr un sistema debidamente estructurado en función de la heterogeneidad del sector —característica de las empresas de tamaño pequeño— que se base en el diseño de políticas públicas apropiadas, en una regulación financiera y prácticas de supervisión homogéneas y adaptadas a los mejores estándares de la industria y, en un régimen de tasas de interés activas/pasivas técnico y sostenible, que permita una adecuada profundización financiera de este amplio sector de la población.
[1] Banco Central del Ecuador, 2024.
Fotos: Banco VisionFund Ecuador.