Definir las estrategias para una mayor y mejor inclusión financiera de la mujer y liderarlo desde el Estado, no es un tema sencillo, pero si de mayores oportunidades, capacidades y recursos a todo nivel para generar un mayor impacto. El Estado, con su capacidad preceptiva, de coordinación y consenso, y hasta de evaluación; es el actor clave para identificar las necesidades de la población desde una visión más amplia e integral. Es por ello, que su intervención con política pública, es preponderante e indispensable para conseguir avances en materia de inclusión financiera, económica y social.
Los generadores de políticas públicas, deben tener en cuenta cinco desafíos macro al momento de emprender esta gran responsabilidad. Es preciso considerar su elaboración y ejecución como un "PROYECTO" y todas las implicaciones metodológicas que requiere, desde un diagnóstico situacional hasta su evaluación de impacto; debe revisarse y entender el contexto histórico y coyuntural del país; comprender que el accionar por sí solo de las instituciones públicas nunca será suficiente para conseguir las metas propuestas; entender que la coordinación con los diferentes actores de la sociedad siempre será la mejor estrategia para garantizar eficiencia y sostenibilidad; y por último, asegurar su viabilidad técnica, económica y jurídica, para contar con un instrumento de jerarquía normativa.
Una vez que se han considerado estos ejes transversales, el desarrollo específico de políticas públicas para una mayor y mejor inclusión financiera de la mujer, necesita de una evaluación de la situación actual de la mujer, sus desventajas y oportunidades en el contexto nacional y mundial, a fin de realizar un ejercicio de comparabilidad y posicionamiento; de tal manera que nos permita como país, "adaptar" buenas prácticas y motivarnos hacia mejores resultados.
El informe Global Findex 2021 del Banco Mundial, revela algunos datos interesantes en términos de inclusión financiera en Ecuador para personas mayores de quince años; los cuales muestran la existencia de una brecha de género, donde las mujeres tienen menos acceso y uso de productos y servicios financieros en comparación con los hombres. Esta realidad requiere de acciones públicas y privadas, no solamente para perseguir la tan anhelada igualdad de oportunidades; sino también, para buscar un mejor desarrollo económico donde todos, hombres y mujeres, ganamos.
Según el informe, si ponemos atención a varios indicadores de gran importancia tales como tenencia de cuentas, acceso al crédito y ahorro en una entidad financiera, y uso o recepción de pagos electrónicos; podemos evidenciar que en Ecuador existe en promedio una brecha entre hombres y mujeres de 13.4 puntos porcentuales en detrimento de este último grupo. Brecha que para América Latina y el Caribe (LAC) en promedio es de 8.4 p.p y a nivel mundial de 4 p.p. Con esto se evidencia claramente un rezago importante de nuestro país en materia de brechas de género respecto de la inclusión financiera.
Es así que, si indagamos un poco más en la riqueza de dichos datos, nos daremos cuenta que el diseño de este tipo de políticas, no es un tema aislado, sino que necesita deempeño nacional de la mujer, principalmente a nivel cultural, laboral, educativo y de participación. Estos aspectos son claves para entender temas estructurales que requerirán seguramente un enfoque a largo plazo. Esta importante contextualización, evitará el cometimiento de errores de adopción de "buenas prácticas" o "políticas internacionales exitosas"; sino que también permitirá adaptarlas y hacerlas compatibles a nuestra idiosincrasia de manera integral, propendiendo a un impacto significativo con resultados eficaces, eficientes y efectivos.
Por otro lado, un buen diagnóstico, despertará el entendimiento de que el camino hacia una mayor y mejor inclusión financiera de la mujer, no depende de un solo actor, sino de un sinnúmero de sinergias clave entre partícipes estatales, de la sociedad civil, de las entidades financieras, del empresariado, de la academia y de los organismos multilaterales; donde confluyan no solo ideas, iniciativas, preocupaciones y colaboraciones, sino también responsabilidades.
Ahora bien, la formulación de políticas desde el Estado, no debe constituirse en una receta estática, sino en el pilar de acciones clave que pueden ir cambiando de acuerdo al panorama nacional y mundial. Para el Ecuador, entre los desafíos específicos que enfrentan las políticas públicas para mejorar el acceso de la mujer al sistema financiero, se destacan los siguientes:
Coordinar e integrar los programas de educación financiera.
El Fomento de la educación financiera requiere de una coordinación entre los diferentes entes difusores públicos y privados, donde se estructure una línea temática que enfatice ciertos puntos de mayor interés para el momento actual del país, pero también priorice a los grupos mayormente excluidos del sistema financiero. Por otra parte, es necesario que todos los programas cuenten con una campaña de concienciación de la importancia del empoderamiento financiero de la mujer y su inclusión, para el desarrollo económico, ayudando de esta manera a eliminar estereotipos y normas culturales que limitan la participación de las mujeres en el sector financiero.
Eliminar las barreras culturales y legales.
Abordar las barreras legales y culturales desde la política pública, implica la adopción de leyes y regulaciones que prohíban la discriminación de género en el acceso a productos y servicios financieros, promuevan la igualdad de oportunidades; y fomenten el empoderamiento económico de la mujer. De tal manera que se cree un ecosistema favorable para el desarrollo de acciones secundarias, pero de igual importancia.
Incentivar la igualdad de oportunidades y representación en el ámbito laboral.
La presencia de la mujer en puestos de poder que impliquen la toma de decisiones en el ámbito laboral, como juntas directivas, gerencias, comités clave, entre otros; ayudan a garantizar una mayor representación de este grupo poblacional, ya que de primera mano se manifestarán las barreras percibidas a todo nivel, y se incrementará el grado de certeza de realizar propuestas concretas que promuevan la igualdad de género. En este sentido, las políticas públicas están llamadas no solo a fomentar, sino que también a buscar incentivos para el sector empleador, donde las cuotas de género sean una realidad.
Contar con estadísticas socio-económicas por género.
Los datos estadísticos desagregados por hombre y mujer, son fundamentales para visualizar el comportamiento e interacción de estos dos grupos poblacionales, así como las barreras existentes que ponen en desventaja a la mujer en términos de inclusión financiera. Esta información sin duda alguna permite el planteamiento de políticas públicas no solo precisas, sino efectivas y que cuenten con un adecuado monitoreo y evaluación. Los datos son el arma más contundente para defender el porqué de un objetivo.
Sin duda alguna, la actuación del Estado en la promulgación de políticas públicas en favor de la inclusión financiera de la mujer es indispensable, es aún más preponderante que estás cuenten con una estructuración responsable que pueda dar respuesta a los desafíos existentes, y finalmente logre los resultados deseados en beneficio de "todos".
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