Basándonos en los datos disponibles al 2021, el índice de inclusión financiera para mujeres mayores de 15 años llegó al 58%, (13 puntos porcentuales menos que los hombres). Sin embargo, esta brecha de género se redujo desde el 2017, año en el que la diferencia estuvo en los 18 puntos porcentuales.
El haber reducido la brecha de género en Inclusión Financiera es un aspecto positivo que se debe destacar y reconocer por el trabajo realizado, a todos los actores del Sistema Financiero Ecuatoriano, porque obedece a todos los esfuerzos institucionales, en productos y servicios, en programas especializados, en alianzas institucionales públicas y privadas orientadas al objetivo de ofrecer mayores y mejores oportunidades de Inclusión Financiera a las mujeres ecuatorianas.
Sin embargo, todas estas iniciativas siendo muy relevantes, son insuficientes para responder de manera eficiente y más rápida a las necesidades de inclusión financiera si consideramos las siguientes cifras, que son muy conocidas y repetidamente presentadas en eventos, encuentros, mesas de trabajo, foros y documentos que abordan la inclusión financiera de género o el desarrollo con equidad.
1. De los 9.3 millones de mujeres ecuatorianas, 1.5 millones son jefas de hogar, sobre lo cual se infiere, de manera repetida, que tienen una relación directa con ese mismo número de hogares y, por lo tanto, con alrededor de 6.3 millones de personas (4 de promedio en cada hogar). De esta manera, el presente y futuro del 35% de la población del Ecuador está en manos de esas jefas de hogar.
2. También se menciona que las mujeres representan el 42% de la PEA (3.6 millones de mujeres) y que además solo el 29% tienen empleo adecuado, ya sea en el sector formal (41%) o en el sector informal (53%). Por supuesto, la brecha comparativa con los hombres, respecto de empleo adecuado, es nada más y nada menos que el 31%, y la brecha de ingresos tiene un porcentaje muy decidor del 18%. Esto último significa que, por un mismo trabajo, si lo realiza un hombre recibe USD 1.000, pero si lo lleva a cabo una mujer recibe USD 820.
3. Del grupo de mujeres que tienen empleo, el 29% lo tiene en el sector de la agricultura y el 21% en el sector comercio. Este dato todos sabemos que es relevante en la generación de Políticas Públicas hacia el empleo y apoyo significativo a las mujeres que laboran en estos sectores productivos.
En fin, junto con otras cifras, las presentadas demuestran el papel protagónico que siempre han tenido y actualmente tienen las mujeres en el desarrollo económico y social del país. Sin embargo, no se advierte una confluencia del trabajo gubernamental, a través de sus políticas públicas, y de la tarea ejecutada por el sector privado, con la prestación de sus productos y servicios que esté acorde con esta representatividad de la mujer ecuatoriana frente al desarrollo. La tarea obligatoria del estado y la labor espontánea, interesante e "interesada" del sector privado han resultado insuficientes para lograr definiciones, acciones e impactos positivos en el apoyo que requieren las mujeres en los diferentes campos, con lo cual se lograría una réplica positiva en el bienestar de las personas dependientes de su condición, capacidades, habilidades y competencias. Esta última reflexión se sustenta parcialmente en los índices específicos de Inclusión / Exclusión Financiera de las mujeres ecuatorianas:
1. Solamente el 39% de las mujeres mayores de 15 años han accedido a una cuenta de ahorro en el Sistema Financiero ecuatoriano. Como ejemplo y con este índice, alrededor de 960 mil jefas de hogar no cuentan con este servicio, ni con los beneficios asociados a estar vinculadas a una institución financiera.
2. De las mujeres mayores de 15 años: solo el 41% han utilizado algún producto o servicio finanLa exclusión financiera de las mujeres reducida por acciones disruptivas e innovadoras ciero; solamente el 9% tienen una tarjeta de crédito; y, solo el 30% poseen una tarjeta de débito.
3. De las mujeres que si tienen una cuenta corriente o de ahorros, el 9% no la utilizan por varias razones, una de ellas, la más relevante es que entre las mujeres de 15 a 49 años, el 9,5% de ellas han sido catalogadas como analfabetas digitales.
4. Un dato más, de las mujeres ya vinculadas al sistema financiero, exclusivamente el 18% han logrado acceder a productos de crédito. Dato con el cual se puede apreciar las barreras y limitaciones que tienen las jefas de hogar o las mujeres microempresarias que requieren de recursos para cubrir necesidades básicas del hogar, para el capital de trabajo o para el crecimiento y desarrollo de sus empresas. Este impacto negativo se multiplica, si es una microempresaria y también es jefa de hogar, situación que se observa con frecuencia al considerar el perfil de las microempresarias.
5. Lo anterior tiene un efecto devastador en el bienestar financiero de las mujeres ecuatorianas excluidas, el 53% de ellas tiene una fuerte preocupación respecto a no tener suficientes recursos para su jubilación; el 52% tiene una preocupación permanente por la imposibilidad de cubrir sus gastos mensuales, y
6. El 56% está fuertemente preocupada por no poder cubrir gastos generados por enfermedades graves o accidentes, con lo cual mencionan que, por falta de recursos, se encuentra en juego la vida o la muerte de los integrantes de su familia. Resulta incompatible con estos índices y condiciones socio económicas de las mujeres la actitud pasiva, rutinaria y conservadora del área gubernamental, o las acciones tradicionales, de poco alcance y con restricciones, por costo-beneficio del sector privado. Es necesario que desde los dos sectores se propongan, aprueben y ejecuten intervenciones o apoyos, respectivamente, con características innovadoras y disruptivas, para de esa manera lograr una "aceleración" de los índices de inclusión financiera en las mujeres.
Como ejemplo, la estrategia de productos y servicios diseñados para el apoyo a las mujeres no alcanza, no es suficiente para lograr objetivos de desarrollo de manera más ágil y eficaz. Es necesaria la redefinición hacia una estrategia institucional de apoyo a las mujeres, en el ámbito institucional, de sus clientes, directivo y operativo. Este nuevo concepto es interesante para que se lo considere en el campo público y en el privado también. En este sentido, la regulación proveniente de los organismos correspondientes, para asegurar el cumplimiento de estos conceptos, siempre será insuficiente. Por lo tanto, lo que corresponde es una decisión institucional, por convicción, con una línea de trabajo autoimpuesta, autorregulada en cada entidad, con metas y objetivos claros, que respondan a una "certificación de calidad en género", cuya licencia abra posibilidades y opciones de beneficios e incentivos desde el gobierno hacia las instituciones públicas o privadas que alcancen la certificación.
Una mirada diferente y disruptiva a la vez, que se combina eficazmente con la propuesta anterior, consiste en valorar a las clientes mujeres, como un segmento de mercado importante pero no atendido. En la medida en que se satisfagan las necesidades y expectativas de este segmento, producirá en cada institución la opción de crecer en clientes y en cartera. Los niveles de rentabilidad económica serán aceptables, pero se cumplirá a cabalidad con la rentabilidad social al apoyar al grupo vulnerable más importante y reconocido por todos los actores nacionales e internacionales que están vinculados al desarrollo económico y social. Esta actitud institucional provocará la opción de acceso a recursos frescos. En la actualidad se vuelve retórica la aseveración que hemos escuchado por décadas, "las mujeres son las mejores pagadoras, pero … " A todo lo descrito nos referimos con el término "labor espontánea, interesante e 'interesada' del sector privado."
Con la emisión de esta Revista, la RFD hace una invitación a todos los actores públicos y privados relacionados con el sistema financiero ecuatoriano a marcar un "antes" y un "después" en el diseño, planteamiento y ejecución de iniciativas en beneficio de la inclusión financiera de la mujer ecuatoriana, cambiando el enfoque limitado desde los productos y servicios, al enfoque desde la institucionalidad y lo macro, como un mecanismo innovador y disruptivo que facilite acciones más efectivas para acelerar el ritmo nacional de la reducción de la exclusión financiera de las mujeres.
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