Hace 25 años, el Ecuador atravesaba por una de las mayores crisis económicas de la época. Eso llevó al expresidente Jamil Mahuad, la noche del 9 de enero del 2000 y en una cadena nacional de radio y televisión, a anunciar que el país dejaba el Sucre como unidad monetaria y en su lugar adoptaba el dólar estadounidense.
En la década de los años noventa, las crisis derivadas de una guerra con Perú (1995), así como las pérdidas producidas por el fenómeno de El Niño (1997-1998) y el feriado bancario (1999), ocasionaron que la economía ecuatoriana alcanzara sus peores indicadores en ese período.
El feriado bancario y el congelamiento de los depósitos en el sistema financiero privado, decretado por el Gobierno en marzo de 1999, reflejaron la gravedad de la crisis. Eso, a su vez, provocó una mayor desconfianza de los agentes económicos y exacerbó la incertidumbre en la población, que para la época ya había comenzado a demandar más dólares.
Además, Ecuador vivió una crisis política (1997-1998), tras la caída del expresidente Abdalá Bucaram y el interinazgo de Fabián Alarcón; así como la aprobación de una nueva Constitución (1998), que impidieron solventar con la urgencia del caso, los desajustes económicos.
Eso se reflejó en el deterioro de indicadores como el déficit de balanza fiscal y comercial, tasas de inflación al alza, restricciones del crédito productivo y comercial, elevadas tasas de interés, fuertes presiones cambiarias y un proceso de fuga de capitales.
Pero el escenario complejo no solo se vivió casa adentro. Un entorno internacional adverso también influyó en Ecuador durante la segunda mitad de los noventa: la crisis asiática y la afectación de la economía brasileña impactaron en los mercados internacionales.
En este contexto Mahuad apostó por dolarizar. Eso provocó la pérdida patrimonial de miles de personas y la salida masiva de ecuatorianos hacia países como España, Italia y Estados Unidos. Con la dolarización se anunciaron reformas, que las impulso el gobierno de Gustavo Noboa, tras la caída de Mahuad (21 de enero,2000).
Se aprobaron las denominadas leyes Trole I y II; también, la Ley de Transparencia Fiscal. Sin embargo, uno de los propósitos para vigorizar la dolarización fue aprobar y consolidar reformas estructurales que apunten a fortalecer la productividad y competitividad de la economía. Eso quedó pendiente y es uno los lastres en materia jurídica y económica.
La falta de competitividad ha pasado una factura importante al país. Durante un cuarto de siglo, las exportaciones nacionales se han concentrado en materias primas y poco valor agregado. A eso se suma la falta de flexibilidad laboral, que influye en el desempeño empresarial.
Además, con la nueva moneda se esperaba optimizar la operatividad y sostenibilidad de la seguridad social. Asimismo, se apuntaba a consolidar los denominados sectores estratégicos (electricidad, petróleo, telecomunicaciones). Todo ello con el fin de implementar mejoras para el desarrollo del sector público y el fortalecimiento institucional del Estado.
De esta manera, lo que se buscaba era atraer inversiones extranjeras y que lleguen capitales frescos. Transcurridos 25 años, no se perciben mayores cambios desde esta óptica. Uno de los soportes de la dolarización ha sido el envío de remesas, ante la poca inversión extranjera.
Los gobiernos que han administrado el Ecuador en las últimas dos décadas se han preocupado más por mantener la estabilidad macroeconómica (sobre todo para reducir el déficit fiscal) y para ello han recurrido permanentemente al endeudamiento público y al financiamiento de los organismos multilaterales, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Frente a estas debilidades y como mecanismos para proteger la dolarización, desde el poder Ejecutivo se han adoptado medidas, como el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y en determinado momento se han aplicado mayores restricciones arancelarias.
De todas maneras, la dolarización ha contribuido a combatir la indisciplina fiscal y a mantener estabilidad financiera, a pesar de los choques externos que han afectado al país. También es indudable que ha permitido alcanzar cierta estabilidad en los precios, aumentar el poder adquisitivo de los ecuatorianos, tener una mejor perspectiva de la planificación financiera –sobre todo en el sector privado- y aportar a una reducción de los niveles de pobreza.
La dolarización trajo la estabilidad de la economía, expresada en el control de la inflación que en los últimos 25 años se ha mantenido entre un 2% y 4%.
Con una balanza de pagos más sólida, el país podría fortalecer sus reservas internacionales y afrontar mejor los shocks externos. Eso se evidenció con los efectos de la pandemia.
Al tener el dólar como moneda oficial, el país podría ser más atractivo para la llegada de mayor inversión extranjera. Una posibilidad que actualmente se ve limitada por la restringida institucionalidad del entorno; una alta y permanente incertidumbre política; inseguridad jurídica e inseguridad ciudadana; entre otros factores que frenan esta aspiración.
La dolarización se ha constituido en un patrimonio de los ecuatorianos. Más del 90% respalda la vigencia de este sistema monetario. Salir de él sería traumático y de graves consecuencias.
Foto: La dolarización se aplicó con un tipo de 25.000 sucres por dólar. En enero del 2025, el sistema cumple 25 años.
Foto: La crisis bancaria provocó una migración masiva. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2,4 millones de ecuatorianos viven en el exterior.