En los últimos años, Ecuador se ha destacado a nivel internacional por su enfoque inclusivo en los servicios financieros, brindando oportunidades para que personas en vulnerabilidad puedan acceder a productos financieros. Esto incluye a personas desplazadas por la fuerza que desde 2020 pueden abrir una cuenta bancaria y participar plenamente en la economía local - un derecho que, en muchos lugares sigue siendo un desafío para las personas refugiadas.
Ecuador es hogar de una de las poblaciones de personas reconocidas como refugiadas más grandes de la región de las Américas, y del número más grande de personas refugiadas de Colombia en el mundo. Alberga hoy más de 78 mil personas refugiadas (reconocidas históricamente), provenientes de más de 80 países.
Además, Ecuador es el quinto país de destino de la población venezolana, luego de Colombia, Perú, Brasil y Chile, con más de 444.000 personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Lo que tienen en común todas estas personas son las habilidades, destrezas y esperanza de poder reconstruir sus vidas y aportar a la economía local; de ser miembros activos y contribuyentes al país. Sin embargo, barreras normativas impiden que estas personas puedan ejercer plenamente derechos financieros. Hoy, las personas forzadas a huir tienen una barrera menos.
En 2020, después de un gran trabajo de incidencia de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, se aprobaron tres Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera del Ecuador que promovieron el acceso a cuentas básicas y de ahorros a solicitantes del estatus de refugiado o de protección internacional. A través de políticas públicas y un enfoque proactivo de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, se ha asegurado que las personas desplazadas tengan la posibilidad de abrir cuentas bancarias, recibir remesas, ahorrar y realizar transacciones financieras, todo dentro de un marco legal que respeta sus derechos humanos.
En particular, las Resoluciones 611-2020-F y 612-2020- F establecen los requisitos para que las personas solicitantes de protección internacional abran cuenta de ahorros y cuentas básicas en bancos públicos o privados, presentando cédula de identidad del país de origen o pasaporte y visa humanitaria. Las personas reconocidas como refugiadas o apátridas pueden abrirla únicamente presentando la cédula ecuatoriana. La resolución 613-2020-F, por su parte, establece los mismos requisitos para abrir una cuenta básica en cooperativas de ahorro y crédito.
Además, el año pasado ACNUR ha realizado un trabajo de incidencia con la Junta de Política y Regulación Monetaria, brindando asesoría en la revisión de la normativa para la emisión de cuentas básicas. Como resultado, el 29 de noviembre de 2023 se emitieron las resoluciones No. JPRF-F-2023-088, para el sector financiero popular y solidario, y No. JPRF-F-2023-089, para el sistema bancario, las cuales acogieron las recomendaciones de ACNUR. Estas resoluciones incluyen ajustes en los requisitos de documentación, facilitando un acceso más inclusivo a la población desplazada. En particular, para la población venezolana, ahora es suficiente presentar la cédula de identidad venezolana o un pasaporte vencido de hasta cinco años para abrir cuentas básicas. Y, para población de otras nacionalidades, las instituciones financieras tienen que considerar como documentos habilitantes la cedula ecuatoriana, pasaporte vigente o cualquier visa temporal o permanente.
Pero Ecuador no es el único en este esfuerzo.
Desde el 2020, en Brasil ya no existe una lista de documentos mínimos para abrir una cuenta de depósito definida por el Consejo Monetario Nacional (CMN). De acuerdo con la Resolución CMN nº 4.753, de 2019, cada institución es responsable de definir la información necesaria para identificar y calificar al titular de la cuenta. El Protocolo de Solicitud de Reconocimiento de la Condición de Refugiado es reconocido como un documento válido para identificar a los depositantes y, por tanto, para la apertura de cuentas de depósito.
México ha estado trabajando para mejorar el acceso a los servicios financieros de las personas refugiadas y migrantes, especialmente a través del Instituto Nacional de Migración (INM) y el sistema financiero nacional. Los refugiados en México han tenido un acceso relativamente fácil a cuentas bancarias mediante el uso de documentos temporales que prueban su estatus migratorio. El sistema bancario mexicano ha comenzado a ser más inclusivo, pero todavía existen obstáculos relacionados con la desconfianza en las instituciones financieras y la falta de educación financiera.
Por fuera de la región, países como Suecia, Alemania y Francia han implementado políticas que permiten a personas refugiadas acceder a servicios financieros sin historial crediticio ni identificación tradicional. Por ejemplo, en Alemania, los solicitantes del estatus de refugiado pueden abrir cuentas con su carné de solicitante, mientras que en Suecia existen cuentas simplificadas para quienes no tienen identificación nacional. Sin embargo, en otros países de la UE, las políticas varían y la burocracia y falta de documentación oficial siguen siendo obstáculo.
Gracias a políticas progresistas y colaboración con instituciones financieras, Ecuador está construyendo Un Mundo Posible, en donde toda persona puede acceder efectivamente a servicios financieros. Esto beneficia no solamente a personas refugiadas, sino también al Ecuador en general, fomentando la economía local. Al permitir que toda persona acceda a cuentas, no solo se les brinda seguridad financiera, sino que también les ofrece una mayor movilidad económica, permitiéndoles acceder a servicios de pago, crédito y ahorro. Esto contribuye a una integración más efectiva en la sociedad ecuatoriana, sirviendo como muestra para otras naciones que enfrentan desafíos similares que la inclusión es mejor negocio.
Foto: Anita, en la cooperativa CACMU, abre su primera cuenta básica, un paso que le brinda la oportunidad de retomar sus proyectos de vida y contribuir a su comunidad de acogida. ACNUR/Matías Vaca.