La inclusión financiera habitualmente se define en términos de acceso a una gama amplia de servicios financieros, la capacidad de hacer uso de ellos y la calidad de los servicios prestados. El Centro para la Inclusión Financiera, por ejemplo, señala que "la inclusión financiera plena es un estado en el que todas las personas que pueden usarlos tienen acceso a una gama completa de servicios financieros de calidad, siempre a precios asequibles, de manera conveniente, y con dignidad para los clientes.
Los servicios financieros son prestados por una serie de proveedores, la mayoría de ellos privados, y llega a quienes pueden usarlos, incluyendo las poblaciones excluidas, discapacitados, pobres, rurales y otros". En tal sentido, se considera a la inclusión financiera como un elemento clave para reducir la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. La inclusión financiera tiene correspondencia con tres dimensiones: el acceso, el uso y la calidad. El acceso se relaciona con la posibilidad de usar los servicios financieros y los productos de las entidades financieras o la facilidad con la cual las personas pueden acceder a los servicios y productos financieros. El uso se refiere al uso efectivo de los productos financieros. Por su parte, la calidad está dada en función de las características del acceso y uso.
En el caso de Bolivia que cuenta desde agosto de 2013 con la Ley N° 393 de Servicios Financieros que promueve el desarrollo del sistema financiero, siendo importante el fomento de la inclusión financiera, lo que se visibiliza a través de aspectos como la expansión de la cobertura de atención a nivel geográfico, así como en las innovaciones en los productos y servicios que se ofrecen a la población en general. En ambos casos, la aplicación de la tecnología se constituye un factor importante, considerando lo experimentado en particular en las últimas dos décadas. En el caso de Bolivia, además de las iniciativas de las entidades financieras en el marco de su planificación estratégica, el desarrollo en materia de inclusión financiera tiene un marcado impulso a través de la implementación de distintas políticas públicas que emergen principalmente del nivel central del Estado, así como la emisión de normativa específica por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
Entre 2007 y 2022 el nivel de profundización financiera aumentó significativamente, pasando de 31% a 72% el indicador relacionado con la cartera de créditos, mientras que el ratio depósitos / PIB pasó de 39% a 76%. Esto muestra claramente el importante crecimiento de las operaciones principales que llevan adelante las entidades financieras, lo que es consistente con el comportamiento positivo registrado en el ámbito de la economía.
En el caso de la cartera de créditos, es importante destacar la dinámica generada desde 2014 debido al establecimiento de niveles mínimos de cartera de créditos a sectores priorizados de la economía (sector productivo y vivienda de interés social) a tasas convenientes, además de otros mecanismos asociados. Esto sin duda favoreció el acceso al crédito y dinamizó la economía.
Uno de los indicadores más representativos para medir el acceso y uso a los servicios financieros es la tenencia de una cuenta de depósitos en el sistema financiero, pues se asocia con la capacidad de las personas para acceder a diversos productos y servicios financieros que atienden sus necesidades (pagos, ahorros, transacciones electrónicas, entre otras). En el caso boliviano, es destacable el incremento sostenido en el número de cuentas de depósito observado en la última década, producto de la buena dinámica registrada en el sistema financiero en concordancia con el desempeño de la economía. De esta manera, entre 2012 y 2022 el número de cuentas de depósitos pasó de 6,3 millones a 14,9 millones, con un incremento de 8,6 millones (equivalente a un incremento de 135%). Según modalidad, el número de cuentas en cajas de ahorro creció en 8,4 millones, seguido de cuentas en depósitos a plazo fijo con 0,1 millones y de cuentas a la vista con 0,04 millones.
El comportamiento descrito precedentemente pone en evidencia el importante avance registrado en materia de inclusión financiera en el país en los últimos 10 años, habiendo tenido el impulso del Estado a través de la implementación de distintas medidas en materia de política financiera, destacando, en el caso de los depósitos, el establecimiento de tasas mínimas de interés para los pequeños ahorristas (aquellos con saldos menores o iguales a Bs70.000) que mantienen sus recursos en moneda nacional, ya sea en la modalidad de caja de ahorros o a plazo fijo. Esta medida estableció una tasa de interés mínima del 2% para las cuentas de ahorro y entre 0.18% a 4.10% para los depósitos a plazo fijo (en función del monto), lo que sin duda favoreció la dinámica de las captaciones.
Pese a estos importantes resultados alcanzados por el sistema financiero boliviano en el marco de una nueva normativa, las entidades asociadas a ASOFIN y FINRURAL apoyaron la realización de estudios para medir el impacto de la nueva regulación en la inclusión financiera demostrando que las entidades que más aportan a la inclusión financiera en Bolivia, en términos de incorporación de nuevos clientes al sistema, han sido históricamente los bancos especializados en microfinanzas así como las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD).
Hasta el año 2015, los bancos especializados en microfinanzas lograron una mayor contribución al ingreso de nuevos clientes al sistema, pero, a partir de 2016, las IFD, tomaron el liderazgo.
La mayor contribución reciente de las IFD a la incorporación de nuevos clientes al sistema reflejaría, entre otras cosas, la no aplicación en un primer momento de las disposiciones más representativas de la nueva legislación (techos a las tasas de interés y Cupos de Cartera). Esta contribución de las IFD ha sido muy oportuna porque, al reducirse la disposición de los bancos a atender a los clientes más pequeños, han encontrado en las IFD una fuente de financiamiento institucional que de otra manera no tendrían. De no haber sido éste el caso, los clientes que dejaron de ser atendidos por los bancos no habrían tenido más alternativa que acudir a los prestamistas informales.
En conclusión, el contrate entre el impacto sobre la incorporación de nuevos clientes en los bancos de microfinanzas y en las IFD sirve como el equivalente de un experimento natural para apreciar las consecuencias de la nueva legislación boliviana.
Foto: FINRURAL